Seopan advierte que España precisa invertir 240.000 millones en infraestructuras y reformar el sistema concesional
Cal y arena esta mañana en la presentación del estado de la obra pública en España por parte de la asociación de constructoras Seopan. El presidente del colectivo, Julián Núñez, ha puesto sobre la mesa una cifra descomunal de inversión necesaria en los próximos diez años: 240.000 millones de euros, de los que 177.500 millones corresponden a proyectos previstos, o han sido proyectados alguna vez, y más de 62.000 millones están relacionados con la modernización de la actual cesta de infraestructuras del país. Las dudas residen en la capacidad de las Administraciones para ejecutar planes públicos en marcha, ante lo que se viene demandando una reforma de la contratación pública.
Aunque ha señalado que la licitación de la obra pública se mantuvo en buenos niveles en 2023 (28.161 millones), por el impulso de los fondos europeos del programa Next Generation, Núñez ha reclamado la ampliación en dos años, desde 2026, para los hitos de ejecución del plan de recuperación y se ha mostrado poco optimista con el cumplimiento de hitos como es el Plan Hidrológico 2022-2027, del que son de obligado cumplimiento inversiones en obras por 19.000 millones de un total de casi 38.000 millones de euros. “La licitación de proyectos del agua debería más que triplicarse desde los actuales 2.400 millones a 8.100 millones, y eso es técnicamente imposible”.
Otra cifra puesta de manifiesto esta mañana, tomando como fuente a Eurostat, es la de 135.000 millones que se han dejado de invertir en obra pública (movilidad e infraestructuras del agua) entre 2011 y 2022 por el recorte de las partidas en proyectos de infraestructuras y de edificación respecto a las de 2010.
En este contexto de dificultad para sostener la ejecución de obras, Seopan alerta del escaso recurso a la colaboración público-privada, con un 3,4% sobre la contratación pública, y se apoya en un informe de la OIReScon que insta a abordar una modificación reglamentaria para impulsar el mercado de concesiones y hacerlas atractivas para el capital privado.
Las condiciones en la licitación de concesiones motiva una concurrencia media que no llega a dos licitadores por proyecto y que una de cada cinco licitaciones quede desierta. El colectivo que engloba a referencias como las cotizadas ACS, Acciona, Sacyr, FCC, Ferrovial u OHLA ha reiterado esta mañana la petición de una reforma del sistema de contratación de concesiones, cuyo rendimiento fue topado por la Ley de Desindexación de 2015. La propuesta del sector es que a la hora de lanzar proyectos en concesión se solicite la tasa de referencia de mercado a cinco operadores económicos que actúen en el entorno del sector de las infraestructuras.
La vuelta de la revisión de precios obligatoria en los contratos de obra es otra de las reclamaciones en un contexto de altos precios de materiales básicos como son la madera, el cemento o el cobre, que han seguido subiendo en 2023 respecto a 2022. “Los precios de los materiales y de la energía siguen registrando niveles muy superiores a los de 2020, por lo que es preciso restablecer la figura de la revisión de precios en los pliegos y suprimir el límite del 20% del presupuesto de la revisión excepcional”, ha dicho Julián Núñez. Seopan estima que las constructoras han sostenido cerca de 500 millones en 2023 en costes no revisables en obras del Estado por el citado límite del 20% sobre el precio de adjudicación.
Otra propuesta de Seopan es la introducción de un nuevo modelo de contratación, probado ya fuera de España, basado en un modelo colaborativo de coste objetivo, en el que constructoras y Administración compartirían ahorros y costes en los proyectos. “Las licitaciones no tienen que ser obligatoriamente restringidas, eso depende del órgano que contrate, pero el modelo colaborativo encajaría en proyectos complejos en los que caben distintas opciones de ejecución”, ha argumentado el presidente de Seopan. La iniciativa ha sido presentada ya a los ministerios de Transportes, Transición Ecológica y Hacienda, y también ante la CNMC. Su implementación, asegura Seopan, no precisa la reforma de la Ley de Contratos.
